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La educación no es un costo lejano, es una decisión fiscal presente.

Los gobiernos necesitan cambiar su enfoque frente a la educación y considerarla como un pilar fundamental de su estrategia para lograr un crecimiento económico sostenido y equilibrios fiscales.

La situación en América Latina y el Caribe (ALC) es preocupsnte, la mayoría de quienes se incorporan al mercado laboral tienen una educación limitada. Por ejemplo, solo el 19% de los jóvenes de la región termina la secundaria con competencias mínimas en matemáticas. Para los jóvenes de bajos ingresos, esa cifra es del 5%.

Hay tanto un argumento económico como uno fiscal para invertir en educación.
El argumento económico: más de la mitad de las empresas líderes en ALC identifican las brechas de habilidades como su principal obstáculo para la transformación, por encima del acceso al financiamiento o la carga regulatoria. Esto señala un problema más profundo: la cadena de talento de la región no está funcionando y está frenando la inversión, la productividad y el crecimiento, claves para la competitividad.

El argumento fiscal es igual de sólido, pero a menudo se pasa por alto: recortar el gasto en educación puede ayudar a equilibrar los presupuestos en el corto plazo, pero socava la sostenibilidad a largo plazo al posponer costos que solo crecen con el tiempo. Cuanto menos educada y calificada es la fuerza laboral, mayor es el desempleo y la informalidad.

Una de las narrativas más perjudiciales en la política educativa es que las reformas solo arrojan resultados después de décadas. Esto lleva a los gobiernos y ministerios de finanzas a relegar la educación en los ciclos presupuestarios, y a los políticos a evitar reformas cuyos beneficios no verán durante sus mandatos.Necesitamos romper el mito del “solo a largo plazo”.

El progreso más eficaz en el financiamiento de la educación ocurre cuando dos factores se combinan: credibilidad y responsabilidad compartida. Invertir en sistemas de datos que muestren dónde están las brechas, qué dice la evidencia que funciona y cuál es el retorno sobre la inversión no es un detalle técnico. Es el punto de partida para una conversación productiva.

Igual de importante es construir un genuino sentido de responsabilidad compartida, que los ministerios de educación atiendan las ineficiencias y que los ministerios de finanzas reinviertan esos ahorros y amplíen la inversión.
También significa incorporar al sector privado en la conversación, tanto como agente como en su calidad de actor con un interés económico directo en la calidad de la cadena de talento.

Lo más importante es que los líderes educativos articulen con claridad el argumento de invertir en educación como motor de la sostenibilidad fiscal y los retornos económicos, y no solo como una cuestión de derechos humanos y justicia social, por críticos que estos sean.

Para profundizar en cómo optimizar estos recursos, los invito a descargar la publicación del BID Gasto Inteligente en educación escolar en América Latina y el Caribe, que ofrece una hoja de ruta clara para nuestra región.

Publicado por Grupo Sherpa del Comité Directivo de Alto Nivel (HLSC) (12-13 de marzo de 2026, sede de la UNESCO) y en la sesión de Financiamiento organizada en el contexto del G7, este es el segundo texto de reflexiones en ese marco.

Integridad y ética en la gestión pública será abordada hoy por la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga"

Tema hoy 27 de mayo: "Fundamentos y Paradigmas de la Integridad Pública y Marco Normativo y Compromisos Internacionales".

05:00pm a 08:00pm

LINK DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN:
https://forms.gle/4B8u7TbRDvJPLbFL7