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La nueva ley contra el fraude fiscal prohibirá antes de un mes los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en España. Quien contrate una obra, un servicio o adquiera un bien con un precio superior al citado tendrá que hacerlo mediante tarjeta de crédito, cheque u otro procedimiento análogo, siempre que en la operación intervenga una empresa o un profesional. Es una de las aportaciones de la nueva norma que más puede afectar a la vida cotidiana de los ciudadanos. Está pensada, alega el Gobierno, para poner coto a la economía sumergida y favorecer la recaudación fiscal.

La llamada ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal completó ayer su tramitación parlamentaria en el Senado y entrará en vigor el día después de su inminente publicación en el «Boletín Oficial del Estado», explicaron fuentes del Ministerio de Hacienda. Tras ese trámite en el BOE, que se sustanciará en cuestión de días, serán de aplicación inmediata casi todos los preceptos de la ley. Una de las excepciones es el artículo 7, que recoge la limitación de los pagos en metálico que se aplicará en unos 20 días desde la publicación.

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