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El coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, expresó su sorpresa ante lo que considera un intento de vincularlo con un caso de as*****to. El legislador lamentó que la Fiscalía General del Estado le haya solicitado comparecer en una investigación sobre la que, según afirmó, no tiene ningún conocimiento. Además, señaló que percibe esta acción como parte de una persecución en su contra.

En relación con esta situación, se abordó el tema de la inmunidad de Juan Andrés González. El abogado Patricio Rosero, quien representa a Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del exasambleísta y excandidato presidencial Fernando Villavicencio, también emitió declaraciones el pasado domingo 15 de marzo de 2026.

Mediante un mensaje publicado en X, Rosero afirmó la existencia de un audio en el que presuntamente se escucha a González conversando con una persona identificada como “prófugo en Bélgica” (en aparente referencia a Rafael Correa). En dicha conversación, argumentó el abogado, se estarían coordinando acciones para favorecer “las narrativas de Jordán”.

Rosero incluso citó un supuesto fragmento del audio mencionado: “Claro, Ronny (Aleaga), yo coordino contigo todo; ya nos encargamos de esto con la bancada”. Aunque señaló que González no enfrenta acusaciones directas por as*****to, insistió en que el legislador debería explicar públicamente su conocimiento sobre este presunto intercambio.

En tan solo poco más de un mes desde que se dictara la primera orden de prisión en su contra, el 16 de marzo de 2026, un juez emitió una tercera orden de privación de libertad contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. En esta ocasión, la medida se adoptó debido al incumplimiento del uso del grillete electrónico que le había sido impuesto en el denominado caso "Triple A".

Tras la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía informó que el juez aceptó los elementos de convicción presentados en contra del alcalde y ordenó su prisión preventiva. Según indicó la institución, se investiga al funcionario por su presunta responsabilidad en la manipulación del dispositivo electrónico de vigilancia que le fue asignado en una causa previa.

La fiscal Lisset Barragán, titular de la Fiscalía de la Administración Pública 1 con sede en Samborondón, inició una investigación preliminar luego de que durante un allanamiento a la residencia del alcalde, realizado en el marco del caso Goleada, agentes policiales constataran que este no llevaba puesto el grillete electrónico.

El uso del dispositivo había sido ordenado previamente por un juez dentro del caso Triple A. Ante esta situación, la fiscal Barragán procedió a abrir una investigación por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, el cual puede acarrear p***s de prisión de uno a tres años.

Asimismo, antes de la audiencia llevada a cabo el 16 de marzo, la fiscal solicitó información documental que acreditara el presunto mal uso del grillete por parte del alcalde con el objetivo de presentarlo como evidencia durante la formulación de cargos.

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