Unidad Informativa Manabí

Portoviejo sumergido Bajo el Agua
🌧️🚗⚠️La madrugada de este lunes, las lluvias provocaron inundaciones en varios sectores de Portoviejo.

Uno de los puntos más afectados fue la entrada a la ciudadela Las Orquídeas, donde la acumulación de agua dificultó el paso de vehículos y peatones.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para circular con precaución ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante las próximas horas.

Diciembre es el mes más seco de 2025 en Cuenca y la región Austro. Esta condición climática se refleja con claridad en los bajos caudales de los ríos que alimentan los embalses de las centrales hidroeléctricas Mazar, Paute y Sopladora.

Este sábado 27 de diciembre de 2025, los ríos Tomebamba y Tarqui se ubican en niveles bajos, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de la Empresa Municipal Etapa de Cuenca

|| ¡NUEVO CARGO PARA LA VICEPRESIDENTA! Pasa del Ministerio de Salud al Comité para la Reducción de la Desnutrición Infantil.

Através del decreto ejecutivo 237, Daniel Noboa la nombró como su delegada al Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil.

No sé ha informado quién asumirá el cargo que estaba desempeñando en el Ministro de Salud.

Un video difundido este viernes 21 de noviembre de 2025 por el periodista de investigación Andrés Durán generó una nueva ola de debate en torno al as*****to del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. En el material, correspondiente a una diligencia judicial, el testigo protegido Marcelo Lasso Saavedra emite declaraciones que involucran a figuras políticas de alto perfil.

De acuerdo con lo expuesto en el video, Lasso Saavedra afirma que el expresidente Guillermo Lasso y Danilo Carrera habrían financiado un supuesto “contrato” con el líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría, alias Pipo, para ejecutar el as*****to. Durante el interrogatorio, al preguntársele quién estaría detrás del crimen, el testigo respondió: “El dinero fue pagado por Guillermo Lasso y Danilo Carrera. Y los tres chicos fueron enviados por Pipo Chavarría”.

Estas declaraciones han sido presentadas como parte de una diligencia judicial, pero no cuentan con una confirmación oficial por parte de la Fiscalía, del sistema de justicia o de organismos internacionales. Tampoco se ha hecho pública documentación que respalde la veracidad de los señalamientos.

La divulgación del testimonio ha generado reacciones divididas en ámbitos políticos y jurídicos, pues se trata de afirmaciones de extrema gravedad realizadas dentro de un proceso aún en curso. Expertos recuerdan que, mientras no exista una resolución judicial o verificación institucional, cualquier testimonio debe ser tratado con cautela, especialmente cuando involucra a autoridades y exfuncionarios del más alto nivel.

El caso del as*****to de Villavicencio continúa bajo investigación, y se espera que las entidades competentes se pronuncien sobre la diligencia difundida y el contenido de las declaraciones atribuidas al testigo protegido.

El Gobierno anunció un recorte de USD 128,8 millones al presupuesto de 19 universidades públicas, una decisión que ha desatado fuertes críticas en el sector estudiantil y académico. El ajuste llegó apenas un día después de la derrota del Ejecutivo en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, donde el NO se impuso en las cuatro preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa.

Para varios dirigentes universitarios, el recorte no solo profundiza una crisis que lleva años golpeando a las instituciones públicas, sino que además —según sostienen ellos— responde a un acto de represalia política por parte del Gobierno, debido a que gran parte de la comunidad estudiantil votó mayoritariamente en contra de la propuesta oficial.

“A Noboa le damos un ultimátum”

En la Universidad Central del Ecuador (UCE), una de las más afectadas, el ajuste asciende a USD 15,5 millones. Camila Aguirre, coordinadora de Transformación Universitaria, cuestionó con dureza la medida:

“A Noboa le damos un ultimátum: tienes hasta el 31 de diciembre para dar de baja los recortes. Si no lo haces, mejor da un paso al costado porque no tienes la capacidad de dirigir el país”, afirmó.

Aguirre también exigió que los USD 200 millones que el Gobierno pretendía destinar a una posible Asamblea Constituyente se redirijan a educación, salud y seguridad. Denunció además que la UCE funciona con aulas hacinadas, más de 50 estudiantes por salón, sin licencias de software esenciales ni baños en condiciones adecuadas.

Estudiantes señalan represalia tras el triunfo del NO

Luis Chuquimarca, representante ante el Consejo Universitario, sostuvo que el recorte llega justo después de que “más del 60 % de ecuatorianos le dijo NO a las políticas del presidente Daniel Noboa”, y aseguró que la juventud fue un actor clave en esa votación:

“La juventud despertó. Vamos a defender el presupuesto que necesitamos”, afirmó.

Desde las asociaciones estudiantiles también cuestionaron que el Gobierno haya desplegado —según ellos— una campaña estatal millonaria para promover el SÍ. Mía Barona, tesorera de la Asociación de Química y Biología, señaló:

“Gastaron USD 60 millones en repartir bonos, chanchitos y juguetes. Nosotros hicimos pancitos por el NO, foros y debates. Nuestra campaña puso en el centro la vida y la creatividad.”

Barona añadió que, pese a las limitaciones económicas, los jóvenes “seguirán defendiendo la gratuidad de la universidad pública”.

FEUE advierte movilizaciones nacionales

El presidente de la FEUE, Nery Padilla, adelantó que el movimiento estudiantil saldrá a las calles para defender el financiamiento de la educación superior.

Recordó que solo en la Universidad Central, USD 108 millones se destinan a salarios docentes, quedando apenas USD 22 millones para inversión, de los cuales ahora se pretende recortar más de dos tercios:

“Si la Central ya vive hacinamiento, infraestructura deteriorada e investigación limitada, este recorte lo va a agudizar aún más”, advirtió.

Una decisión bajo presión social

Mientras los estudiantes se organizan, crece la percepción —expresada por varios sectores sociales— de que el Gobierno responde con dureza tras el revés electoral. El Ejecutivo no ha emitido, hasta el momento, una explicación detallada sobre los criterios técnicos del reajuste ni sobre las denuncias de represalia política.

Entre tanto, las universidades afectadas se preparan para un 2026 aún más restrictivo en recursos, y la tensión entre el Gobierno y el movimiento estudiantil se intensifica a pocas semanas de cerrar el año.