Paco Hidalgo

Hoy nuestras comunidades de Imbabura sufren el desenlace brutal de una estrategia estatal: represión y balas contra quienes protestan para exigir dignidad.

No es enfrentamiento aislado: es una operación planificada de Estado contra el pueblo indígena. Se habla de decenas de heridos, detenidos, granadas de impacto directo, uso indiscriminado de fuerza militar/policial y tres fallecidos.

¿Cómo llamar a esto sino masacre? Porque cuando un gobierno manda sus tropas para disparar contra su pueblo, apuntar contra mujeres, ancianos y niños, y viola los derechos humanos fundamentales, está demostrando que prefiere actuar como verdugo en lugar de gobernar con justicia.

Daniel Noboa no solo ha dejado de escuchar: ha ordenado reprimir. Bajo su mando, comunidades enteras se convierten en zonas de guerra.

Y no se trata de un exceso ocasional: es parte de una política sistemática de militarización de la protesta social, de criminalización de la disidencia. Un modelo autoritario que afila sus armas contra quienes resisten el hambre, el alza del diésel, el abandono estatal.

Si hablamos de alguien que defiende verdaderamente los intereses y la soberanía de su país, es ella, Alicia Bárcena, la ex Canciller de México y actual Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Claudia Sheinbaum.