Periodismo3.0

Propietarios de un minimarket ubicado en el sector de Medio Ejido, entre las calles Enrique Arízaga y Víctor Tinoco, denuncian que dos mujeres habrían sustraído varios productos del local aprovechando un momento de descuido.

El hecho ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 16:30 y quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Los afectados solicitan la colaboración de la ciudadanía para compartir el video y, en caso de reconocer a las personas involucradas, comunicar la información a los propietarios del local o a las autoridades competentes.

⚠️ Los pequeños negocios son el sustento de muchas familias y este tipo de hechos genera pérdidas económicas que afectan directamente a quienes trabajan honestamente cada día.

📍Sector: Medio Ejido
📍Calles: Enrique Arízaga y Víctor Tinoco
🕟 Hora: 16:30

Se agradece la difusión de esta información.

El alcalde Cristian Zamora atraviesa uno de los momentos políticos más delicados de su gestión luego de que un juez del Tribunal Contencioso Electoral resolviera suspender sus derechos de participación política por seis meses tras una denuncia por violencia política de género presentada por la concejal Diana González. La sentencia también contempla una multa económica y medidas adicionales relacionadas con la reparación y sensibilización en temas de género.

Más allá de la batalla jurídica y de la apelación anunciada por Zamora, el caso deja una reflexión política incómoda: en Ecuador muchos líderes todavía creen que el poder les permite descalificar, ridiculizar o utilizar espacios institucionales para atacar adversarios sin consecuencias. Pero cuando la confrontación política cruza ciertos límites, la ley también entra en escena. El fallo del TCE sostiene que existieron acciones que afectaron la imagen política de una autoridad electa, algo que el Código de la Democracia sanciona expresamente.

Durante años, buena parte de la política ecuatoriana se acostumbró al insulto, al espectáculo y al enfrentamiento permanente. El problema es que muchos actores siguen jugando con reglas del pasado mientras el marco legal ha cambiado. Hoy, lo que antes algunos llamaban “carácter fuerte” o “respuesta política”, puede terminar convertido en un expediente electoral.

Zamora sostiene que la sentencia tiene motivaciones políticas y ya anunció que apelará la decisión ante el pleno del TCE. Legalmente el caso aún no está cerrado. Pero políticamente el golpe ya está dado: un alcalde que aparecía como figura fuerte para una eventual reelección ahora enfrenta una sanción que pone en discusión su futuro electoral y deja una lección que muchos dirigentes prefieren ignorar hasta que les toca vivirla: la arrogancia política suele sentirse invencible… hasta que llega la sentencia.

Una nueva denuncia ciudadana vuelve a encender el malestar contra la atención en entidades públicas. Usuarios que acudieron a oficinas de ETAPA EP aseguran que funcionarios habrían priorizado conversaciones personales y café antes que atender a decenas de personas que esperaban con turno desde tempranas horas.
Según la denuncia, cerca de las 9:30 de la mañana varios funcionarios todavía se encontraban conversando sobre la inauguración del Mall del Alto mientras ciudadanos seguían esperando ser atendidos, pese a tener turnos asignados.
⚠️ La molestia no es solo por la demora: es por la sensación de falta de respeto hacia la ciudadanía. Mientras la gente pierde tiempo, permisos de trabajo o incluso dinero esperando atención, algunos servidores públicos parecen olvidar que sus salarios salen de los impuestos de todos los ecuatorianos.
La crítica ciudadana es clara:
📌 las instituciones públicas no son cafeterías ni salas de conversación social.
📌 Los funcionarios están para servir al ciudadano, no para ignorarlo mientras el reloj avanza y las filas crecen.
Este tipo de situaciones alimenta el rechazo hacia la burocracia y la percepción de abandono institucional. Porque mientras muchos ciudadanos trabajan duro para pagar impuestos, esperan al menos recibir atención digna, eficiente y profesional.
Los usuarios piden a las autoridades de ETAPA EP revisar cámaras, supervisar horarios y exigir mayor compromiso al personal, recordando algo básico: el tiempo de la ciudadanía también vale.