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Los tribunales de justicia penal o de familia tienen la autoridad para adoptar medidas cautelares y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar, así como para fijar y prorrogar plazos según sea necesario. Especial atención debe prestarse a casos en los que la víctima esté embarazada, sea una persona con discapacidad, o presente condiciones que la hagan vulnerable debido a su edad o capacidades especiales.

A lo largo del país, existen centros especializados en la atención de víctimas de violencia intrafamiliar. Estos centros se dedican a responder de manera ágil a las necesidades de aquellos afectados por situaciones de violencia, brindando asesoramiento legal y médico, referencias a otras organizaciones pertinentes, y ofreciendo refugio en casos de maltrato

El Registro Civil e Identificación está obligado a mantener un registro especial de personas condenadas por violencia intrafamiliar y otras resoluciones legales relevantes. Los antecedentes de condenas por violencia intrafamiliar aparecerán en el certificado especial de antecedentes.

Las sanciones por violencia intrafamiliar varían según la gravedad del delito. En casos que no constituyan delito, las sanciones pueden incluir multas de media a 15 UTM, destinadas a centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar de financiamiento público y privado en la región respectiva.

Los jueces pueden imponer una serie de medidas, como la obligación de abandonar el hogar compartido, la prohibición de acercarse a la víctima o su entorno habitual, la restricción de posesión de armas de fuego y la participación obligatoria en programas terapéuticos o de orientación familiar.

La violación de estas medidas puede resultar en sanciones penales o arresto de hasta 15 días para el ofensor.