SyM Estudio Defensa

El fin del "Copy-Paste" judicial: ¿Por qué Chile está privatizando el acceso a sus sentencias?
1. El espejismo de la apertura: De la "primavera digital" al retroceso manual
Imagine a un abogado en pleno 2026. Rodeado de herramientas de Inteligencia Artificial, se ve obligado a realizar una tarea propia de un escribano del siglo XIX: transcribir manualmente, letra por letra, los párrafos de una sentencia de la Corte Suprema porque el portal oficial ha bloqueado la función de "copiar y pegar". Este absurdo kafkiano no es un error de sistema; es el resultado de una política deliberada de estrangulamiento del flujo informativo.
En julio de 2022, Chile celebró un hito de democratización con la inauguración de la base jurisprudencial bajo el Acta 44-2022. Fue nuestra particular "primavera de datos abiertos", donde la justicia dejaba de ser un archipiélago de expedientes para convertirse en un patrimonio accesible. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2025, esa promesa se desvaneció. Lo que hoy enfrentamos es un cierre perimetral del conocimiento jurídico, una suerte de aduana digital que, bajo la excusa de la protección de datos, está privatizando de facto la memoria viva de nuestro derecho.
2. El bloqueo técnico: La justicia como fortaleza "intocable"
El informe del abogado Luis Salamanca Raglianti ha puesto nombres y apellidos a las barreras de entrada artificiales que hoy plagan el portal del Poder Judicial (PJUD). No estamos ante simples ajustes de seguridad, sino ante un diseño de exclusión:
El bloqueo del "Copy-Paste": Impide que profesionales e investigadores citen fallos con precisión o realicen búsquedas cruzadas, forzando la transcripción manual.
La prohibición de descargas masivas: Anula cualquier posibilidad de realizar análisis de datos o estudios estadísticos sobre el comportamiento de nuestros tribunales.
La ausencia de una API pública: En la era de la interoperabilidad, el PJUD ha decidido no ofrecer una interfaz que permita a la sociedad civil o a la academia estructurar la información pública.
Estas medidas actúan como un peaje cognitivo. Como señaló Francisco Rojo Olavarría, Presidente del Colegio de Abogados de Concepción, la apertura post-pandemia permitió acceder a miles de fallos que “hasta antes de la pandemia era algo imposible”. Lo trágico es que el PJUD ha decidido que lo posible vuelva a ser un privilegio.
3. Una coincidencia sospechosa: El auge del peaje privado
La cronología de este cierre es, cuando menos, inquietante. La "letra chica" de la restricción comenzó a gestarse en el primer semestre de 2023 con un diagnóstico interno del Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema —un informe que, significativamente, no es público— que concluyó la necesidad de revisar la apertura del Acta 44-2022.
En octubre de 2023, mediante el Acta 211-2023, el Pleno ordenó formalmente la revisión restrictiva. Apenas dos meses después, en diciembre de 2023, la multinacional Thomson Reuters lanzaba "Westlaw + IA", una plataforma capaz de procesar inteligentemente más de 130.000 sentencias con actualizaciones semanales.
Aquí reside el núcleo del escándalo: mientras el ciudadano común es bloqueado, los proveedores privados acceden, indexan y comercializan los mismos contenidos sin restricciones aparentes. No existe en el dominio público ningún acuerdo formal que regule este acceso diferenciado. El Estado chileno está permitiendo que una empresa privada actualice 60 fallos semanales con una eficiencia que le niega activamente a sus propios ciudadanos.
4. El Acta 164-2024: La legalización de la opacidad
El golpe de gracia normativo se firmó el 5 de agosto de 2024. El Auto Acordado N.° 164-2024, adoptado bajo la presidencia subrogante del ministro Sergio Muñoz Gajardo, reemplazó el espíritu de apertura por un concepto jurídico indeterminado: "restricciones de acceso".
La cobertura de este hito fue reveladora: la plataforma laleyaldia.cl (de Thomson Reuters) publicó la noticia el mismo día de su aparición en el Diario Oficial, evidenciando un monitoreo institucional que roza la simbiosis. El problema de fondo, como denuncia Salamanca, es la ausencia total de un principio de proporcionalidad:
"La norma carece de un principio de proporcionalidad explícito que limite las restricciones al mínimo necesario, como exige la Ley N.° 20.285 respecto del acceso a información pública." — Luis Salamanca Raglianti.
La privacidad de los litigantes se garantiza mediante la anonimización de datos sensibles, un proceso que el PJUD ya realiza. Bloquear la función de copia o la descarga masiva no protege la intimidad; solo protege el modelo de negocio de quienes venden el acceso a lo que debería ser gratuito.
5. Desigualdad de armas: Justicia para el mejor postor
Esta asimetría informativa no es un inconveniente técnico; es una fractura constitucional que vulnera principios fundamentales de nuestra República:
Igualdad de Armas (Art. 19 N.° 3 de la Constitución): Se crea una justicia de dos velocidades. El gran estudio jurídico que costea suscripciones premium a Westlaw o vLex compite con una ventaja estructural frente al abogado independiente que debe navegar el portal público "mutilado".
Derecho a la Información (Art. 19 N.° 12 de la Constitución): Al imponer trabas técnicas sobre datos que son de dominio público, el PJUD ejerce una forma de censura indirecta de hecho, dificultando el derecho a buscar y recibir información.
Transparencia y Libre Competencia: Se vulnera el principio de facilitación de la Ley N.° 20.285. Además, al facilitar acceso diferenciado a grandes proveedores sin convenios públicos, el Estado actúa como un generador de barreras artificiales que distorsionan el mercado de la información jurídica.
6. Hacia un "Open Judicial Data": El camino de la resistencia
Aunque existen alternativas privadas como BaseJurisprudencial.cl (con IA local), Tirant Prime o la valiosa labor de leychile.cl, ninguna sustituye la obligación ética y legal de una base pública eficiente. El informe de Salamanca propone una hoja de ruta clara para recuperar este territorio perdido:
Exigencia de Transparencia: Solicitar vía Ley 20.285 los convenios que regulan el acceso de Thomson Reuters a las bases del PJUD.
Acción ante la FNE: Evaluar presentaciones ante la Fiscalía Nacional Económica por la distorsión de la competencia derivada de estas barreras artificiales.
Presión Gremial y Académica: Que los Colegios de Abogados y las facultades de Derecho —como la Universidad de Concepción, que lideró las capacitaciones en 2022— exijan la eliminación de bloqueos técnicos desproporcionados y la creación de una API pública bajo estándares OCDE.
7. Conclusión: ¿Democracia o mercado de datos?
La jurisprudencia es la memoria viva del derecho; es el registro de cómo el Estado ejerce su poder más sagrado: el de juzgar. Cuando el Poder Judicial convierte su buscador en un catálogo de solo lectura y permite que el acceso eficiente se mude a servidores privados, está socavando la base misma de la confianza ciudadana.
La pregunta para el futuro de nuestra República es simple pero devastadora: ¿Debe ser el Poder Judicial un facilitador de la democracia y del escrutinio público, o un guardián de datos que entrega las llaves solo al mejor postor? Si permitimos que el derecho se privatice por la vía de la obsolescencia técnica programada, habremos aceptado que la justicia en Chile tiene un precio de suscripción mensual.

Call now to connect with business.

S*M Estudio Defensa | Abogados en Concepción Defensa jurídica estratégica en todo Chile. Litigación civil, laboral, tributaria, familia y expropiaciones.

La Corte de Santiago aumentó a $10 millones la indemnización que la Corporación Municipal de Colina deberá pagar a los hijos de una trabajadora fallecida en su jornada de trabajo. El tribunal rechazó que la responsabilidad ya estuviera cubierta por un tercero. Link en comentarios

Fallo destacado del mes obtenido por nuestro estudio y por nuestro socio Fundador Luis Salamanca Raglianti. SyM Estudio Defensa

Corte de Santiago eleva indemnización a hijos de auxiliar de aseo fallecida en accidente laboral La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $10.000.000 el monto de la indemnización que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina deberá pagar a cada uno de los hijos de auxiliar de aseo que perdió la vida en un accidente del trab

Contrato es ley para los contratantes.

En 1987, Steve Rothstein hizo una apuesta que pocos entenderían en su momento: pagó 250.000 dólares por un pase dorado que le permitiría volar gratis de por vida con American Airlines. Además, desembolsó 150.000 dólares más por un segundo pase para acompañantes. Un millón de millas no era un objetivo; era solo el comienzo.

Steve reservó más de 10.000 vuelos. A veces volaba a otro estado solo para almorzar y regresaba el mismo día. A veces llevaba a personas sin hogar a reencontrarse con sus familias. Otras veces reservaba un asiento para un acompañante inexistente… o simplemente no aparecía en el vuelo.

Durante años, se convirtió en el pasajero más excéntrico y generoso de la aviación comercial, pero también en el más costoso: la compañía perdió más de 21 millones de dólares por su pase. En 2008, American Airlines canceló su billete alegando mal uso del servicio.

Pero Estados Unidos tiene una regla clara: un contrato es un contrato. Steve demandó. Ganó. Y el billete dorado sigue siendo suyo.

Hoy, Steve Rothstein representa algo más que un viajero frecuente. Es el símbolo viviente de un compromiso cumplido… y de cómo, a veces, una cláusula pequeña puede abrirte todas las puertas del mundo.

Colegio de abogados. Clase magistral sobre modificaciones a la ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas