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El informe del GIEI no fue un consejo opcional: sus recomendaciones son un compromiso obligatorio del Estado boliviano. No se trata de un gobierno en particular, sino de una responsabilidad que trasciende gestiones: el actual y el próximo gobierno deberán garantizar justicia.
El GIEI fue claro: las masacres de Sacaba y Senkata fueron crímenes de Estado y dejaron decenas de mu***os, heridos y familias destruidas. Esas víctimas no pueden ser invisibilizadas ni olvidadas. Hablar de liberación de actores políticos como Áñez, Camacho y Pumari no puede significar impunidad: la justicia no puede ser selectiva.
La deuda es con las víctimas y con el país: Bolivia necesita una justicia independiente que investigue y sancione a todos los responsables de 2019, sin importar su poder o apellido. Si los crímenes de ese golpe quedan sin castigo, se abre la puerta a que se repitan.
El mensaje del GIEI nos deja una idea clara: la democracia solo se sostiene si la justicia cumple su rol de garante de derechos, no de instrumento politico.