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📌Representantes de diversas organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y movimientos campesinos acudieron a la Asamblea Nacional para presentar una solicitud formal de juicio político en contra del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La medida busca responsabilizar al mandatario por su presunta implicación y conocimiento en el mayor escándalo de corrupción del actual gobierno: las irregularidades en contrataciones durante la crisis eléctrica.

El pedido de fiscalización se sustenta en la causal de peculado, estipulada en el artículo 129 de la Constitución ecuatoriana. Los denunciantes centran sus acusaciones en el llamado "caso Apagón", específicamente en las anomalías durante la adjudicación de contratos de emergencia para generadores termoeléctricos a la empresa Progen en el año 2024.

Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, estas negociaciones irregulares habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a los 100 millones de dólares.

Por este mismo caso, la Corte Nacional de Justicia ya emitió una orden de prisión preventiva contra el exministro de Energía, Antonio Goncalves.

Durante la presentación del documento, dirigentes de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas y diversos analistas políticos denunciaron públicamente que la justicia ecuatoriana opera con "selectividad institucional".

Los activistas critican que las medidas judiciales han recaído sobre los técnicos que alertaron de las compras irregulares, garantizando al mismo tiempo la impunidad de los altos funcionarios.

📌 El debate sobre la salud financiera de Ecuador suele chocar contra narrativas políticas, pero los datos macroeconómicos actuales revelan una realidad ineludible: el país no ha reducido su endeudamiento hacia el exterior. Por el contrario, con una deuda externa que bordea los 48.359 millones de dólares, el Estado ecuatoriano se estrella en 2026 contra un muro de pagos que exigirá desembolsar más de 16.000 millones de dólares a sus acreedores internacionales durante los próximos cuatro años.

La composición de la deuda externa ecuatoriana ha mutado en los últimos años, dividiéndose principalmente en dos frentes que imponen dinámicas muy distintas. Por un lado, se encuentran los organismos multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que concentran más del 58% de las obligaciones.

Solo al FMI, Ecuador deberá cancelarle cerca de 4.900 millones de dólares hasta 2029. Sin embargo, aunque el crédito es "barato", viene atado a una estricta condicionalidad, exigiendo ajustes fiscales profundos, focalización de subsidios y reformas tributarias.

Por otro lado, el país debe responder ante los tenedores de bonos soberanos, compuestos por fondos de inversión en mercados internacionales. Esta representa la deuda más cara y dura del país, pues los bonos acarrean tasas de interés históricas severas.

Durante 2020 se renegociaron estos papeles, logrando valiosos años de gracia para el pago del capital. Pero ese periodo de gracia ha caducado en 2026, obligando al Estado a empezar a pagar las pesadas amortizaciones de estas obligaciones, lo que genera la actual asfixia de liquidez en las cuentas públicas.

El Estado adquiere nueva deuda, con tasas actuales que superan el 8.5%, casi exclusivamente para pagar deuda vieja, anulando la posibilidad de destinar esos recursos a inversión productiva.

En 2026, los fondos que el Estado destina al pago de la deuda externa superan al presupuesto total asignado a la inversión pública. En consecuencia, Ecuador no ha resuelto su endeudamiento estructural; las renegociaciones previas únicamente postergaron los plazos de liquidación. El país direcciona sus recursos a cumplir con estas obligaciones financieras, aplazando proyectos de desarrollo interno al carecer de un crecimiento económico que genere ingresos propios.

📌Un violento ataque armado perpetrado por un miembro activo de la Policía Nacional ha generado conmoción en el país, luego de que el uniformado disparara en siete ocasiones contra su exconviviente y la actual pareja de la mujer.

El grave suceso ocurrió en la vía pública, donde el atacante interceptó a las víctimas y abrió fuego antes de huir precipitadamente del lugar.

Tras escuchar la ráfaga de disparos, los vecinos del sector salieron en auxilio de la pareja y alertaron a los equipos de emergencia, quienes trasladaron de urgencia a los heridos hacia un centro médico cercano.

Actualmente, ambas víctimas se encuentran internadas bajo pronóstico reservado, enfrentando cuadros críticos debido a la severidad de los múltiples impactos de bala recibidos.

Frente a este repudiable hecho que involucra a un agente del Estado, la Policía Nacional ha desplegado diversas unidades especializadas de inteligencia y rastreo para dar con el paradero del agresor, quien permanece prófugo de la justicia.

Simultáneamente, el departamento de Asuntos Internos prepara el sumario administrativo correspondiente para proceder con la desvinculación inmediata del uniformado, mientras la Fiscalía General del Estado avanza en la recolección de indicios balísticos y testimoniales en la escena del crimen.

Este trágico episodio no solo ha causado indignación ciudadana, sino que ha reactivado el debate público sobre la urgencia de aplicar evaluaciones psicológicas más rigurosas a los miembros de la fuerza pública que portan armas de dotación, así como la necesidad de reforzar las acciones estructurales para erradicar la violencia machista.